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HACIENDO
CAMINO HACIA UNA RELACIÓN CONSTRUCTIVA
CIUDADANOS Y PODER JUDICIAL
Eddie Cóndor Chuquiruna
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Saber lo que se quiere y saber
como hacerlo es la clave del éxito es nuestra
conclusión luego de sacar adelante una
iniciativa de participación ciudadana que
ahora inaugura una nueva fase en su desarrollo,
incorporando a nuevos actores en el proceso.
La suscripción de acuerdos
de cooperación institucional con las universidades
de mayor prestigio académico de las principales
ciudades del país, consolida nuestra propuesta
de Auditoría Social al Sistema de Justicia
(www.auditoriajudicial.org.pe),
en la medida que amplia la participación
ciudadana en los procesos de fortalecimiento del
Poder Judicial, a través del desarrollo
de actividades novedosas, concretas y de claro
aporte al logro de una mejor imagen del aparato
judicial.
Si bien resulta positivo el recojo,
sistematización y publicación en
Internet de las decisiones de los magistrados
y la publicación de sus hojas de vida,
es tan solo una parte de las acciones que urgen
adoptar como políticas públicas
en materia judicial. Lograr procesos predecibles
y exentos de corrupción así como
acercar al magistrado a la ciudadanía,
resulta un proceso ineludible si el objetivo es
lograr un Poder Judicial legitimado, con autonomía
e independencia.
Formar una corriente de opinión
pública especializada y favorable al cambio,
a través de medios de comunicación
interesados en mejorar el servicio de justicia,
seguidos de la identificación de jueces
líderes y proactivos en Arequipa, Cajamarca,
Callao, Cusco, Huancayo, Lima, Lambayeque y La
Libertad, resultan avances importantes en este
largo camino de acercamiento entre los operadores
del Sistema de Justicia y los ciudadanos, que
merecen ser destacados.
Poco o nada de lo que ocurre últimamente
con la apertura del Poder Judicial al tema transparencia
y acceso a la información pública,
habría sido posible si no se hubiese trabajado
en la construcción de las condiciones necesarias.
El punto 34 del discurso de apertura del año
judicial resume este esfuerzo y demuestra que
juntos ciudadanos, organizaciones no gubernamentales
y universidades pueden poner en la agenda del
Estado políticas públicas que se
suele perder de vista pese a su importancia y
necesidad.
(*) Investigador de la Comisión
Andina de Juristas y Coordinador de la zona norte
del Perú del Proyecto Auditoría
Social al Sistema de Justicia.
Las opiniones contenidas en
este artículo son de responsabilidad exclusiva
del autor y no reflejan necesariamente opiniones
institucionales de la Comisión Andina de
Juristas (CAJ).
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