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Jueves, 5 de octubre de 2006

LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL: UNA PRIORIDAD DEL GOBIERNO

Por: Florie Huck
Comisión Andina de Juristas

En su exposición ante el Congreso de la Republica el 28 de agosto de 2006, el Primer Ministro, Jorge del Castillo, proclamó a la lucha contra la desnutrición como una prioridad del Gobierno y fijó como meta al 2011, reducir la desnutrición infantil en 5 puntos. Actualmente, 24% de los niños peruanos menores de 5 años padecen de desnutrición crónica, especialmente en la sierra y en la selva en donde respectivamente el 37,1% y el 23,4% de los niños sufren este mal.

Gracias al impulso de diversos movimientos populares, hace más de 20 años que el Estado desarrolla programas de asistencia alimentaria, por los cuales invierte aproximadamente cada año 700 millones de nuevos soles. Los más importantes son el Programa de Vaso de Leche, que es el más antiguo y los programas del Ministerio de la Mujer vinculados a la alimentación infantil, alimentación escolar y alimentos por trabajo que son agrupados en el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Lamentablemente, a pesar de que existen más de quince programas, el promedio de la desnutrición crónica de niños menores de 5 años en el Perú, no ha variado significativamente los últimos diez años.

Esta situación se explica por los serios problemas de subcobertura en la eficacia de los programas alimentarios. El Programa de Vaso de Leche, que potencialmente tiene la mejor cobertura con 3.3 millones de beneficiaros (niños menores de 6 años y las madres lactantes), alcanza sólo al 33% de su población objetiva. Asimismo los programas de Desayunos escolares y de Comedores Populares, atendieron respectivamente solamente al 30% y al 3.1% de sus destinatarios. Sin embargo, antes que constituir un problema de falta de recursos, la subcobertura se origina en las filtraciones que sufren los programas.

Las filtraciones que afectan los programas alimentarios son de distintos tipos. Primero, carecen de una definición estricta y funcional de los beneficiarios, para que los más vulnerables sean atendidos prioritariamente. Ello genera por ejemplo que el 35.8% de las personas que recibe el Vaso de Leche no sean pobres, al igual que el 30,2% y el 45% de los beneficiarios de los programas de Desayunos escolares y de los Comedores populares respectivamente. El costo generado por estos infiltrados impide ampliar la cobertura de los programas, y llegar a los más necesitados. En segundo lugar, las filtraciones están causadas por la ausencia de reglas claras e información sobre los procesos de adquisición y distribución de alimentos, problemas con la calidad y la cantidad de los alimentos, casos de retardo excesivo en la entrega, sanciones que no conllevan a una posterior corrección de las conductas indebidas, descoordinación entre los programas y capacidades insuficientes en los gobiernos locales para administrar la problemática de la desnutrición. Por señalar sólo un ejemplo, en Piura, en el mes de enero de 2005 se entregó leche en descomposición y luego, durante más de siete meses del mismo año, aproximadamente 30 mil personas dejaron de recibir los alimentos del programa del Vaso de Leche sin que exista un mecanismo de substitución para atender una situación de este tipo. Finalmente, la cuestión de la corrupción, como en casi todo el quehacer del Estado y la sociedad peruana, juega un papel fundamental en la problemática de la desnutrición, distorsionando la asignación de recursos y terminando por convertir la desnutrición en un negocio.

En conclusión, incrementar la eficiencia de los programas alimentarios es indispensable como lo ha reconocido el Primer Ministro ante el Congreso. No obstante, la lucha contra la desnutrición infantil no se limita a ejecutar los programas alimentarios, sino que requiere esencialmente la implementación de Políticas de Seguridad Alimentaria a nivel nacional, regional y local. Tales políticas incluyen objetivos, metas, plazos, recursos, responsabilidades, mecanismos de coordinación interinstitucional y de vigilancia que permitan superar sostenidamente la desnutrición crónica sin caer en un asistencialismo sin norte. Una política alimentaria se ocupa también de la producción para el consumo de alimentos, del acceso a los recursos y a los mercados, así como prever medidas paralelas en otros ámbitos (fundamentalmente educación). En este sentido, actualmente, es urgente implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria aprobada en el 2004, pues la desnutrición infantil no se superará bajo el caos institucional sostenido hace más de diez años por el Estado.

 
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