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LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL:
UNA PRIORIDAD DEL GOBIERNO
Por: Florie Huck
Comisión Andina de Juristas
En su exposición ante el
Congreso de la Republica el 28 de agosto de 2006,
el Primer Ministro, Jorge
del Castillo, proclamó a la
lucha contra la desnutrición como una prioridad
del Gobierno y fijó como meta al 2011,
reducir la desnutrición infantil en 5 puntos.
Actualmente, 24% de los niños peruanos
menores de 5 años padecen de desnutrición
crónica, especialmente en la sierra y en
la selva en donde respectivamente el 37,1% y el
23,4% de los niños sufren este mal.
Gracias al impulso de diversos
movimientos populares, hace más de 20 años
que el Estado desarrolla programas de asistencia
alimentaria, por los cuales invierte aproximadamente
cada año 700 millones de nuevos soles.
Los más importantes son el Programa de
Vaso de Leche, que es el más antiguo y
los programas del Ministerio de la Mujer vinculados
a la alimentación infantil, alimentación
escolar y alimentos por trabajo que son agrupados
en el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
(PRONAA). Lamentablemente, a pesar de que
existen más de quince programas, el promedio
de la desnutrición crónica de niños
menores de 5 años en el Perú, no
ha variado significativamente los últimos
diez años.
Esta situación se explica
por los serios problemas de subcobertura en la
eficacia de los programas alimentarios. El Programa
de Vaso de Leche, que potencialmente tiene la
mejor cobertura con 3.3 millones de beneficiaros
(niños menores de 6 años y las madres
lactantes), alcanza sólo al 33% de su población
objetiva. Asimismo los programas de Desayunos
escolares y de Comedores Populares, atendieron
respectivamente solamente al 30% y al 3.1% de
sus destinatarios. Sin embargo, antes que constituir
un problema de falta de recursos, la subcobertura
se origina en las filtraciones que sufren los
programas.
Las filtraciones que afectan los
programas alimentarios son de distintos tipos.
Primero, carecen de una definición estricta
y funcional de los beneficiarios, para que los
más vulnerables sean atendidos prioritariamente.
Ello genera por ejemplo que el 35.8% de las personas
que recibe el Vaso de Leche no sean pobres, al
igual que el 30,2% y el 45% de los beneficiarios
de los programas de Desayunos escolares y de los
Comedores populares respectivamente. El costo
generado por estos infiltrados impide ampliar
la cobertura de los programas, y llegar a los
más necesitados. En segundo lugar, las
filtraciones están causadas por la ausencia
de reglas claras e información sobre los
procesos de adquisición y distribución
de alimentos, problemas con la calidad y la cantidad
de los alimentos, casos de retardo excesivo en
la entrega, sanciones que no conllevan a una posterior
corrección de las conductas indebidas,
descoordinación entre los programas y capacidades
insuficientes en los gobiernos locales para administrar
la problemática de la desnutrición.
Por señalar sólo un ejemplo, en
Piura, en el mes de enero de 2005 se entregó
leche en descomposición y luego, durante
más de siete meses del mismo año,
aproximadamente 30 mil personas dejaron de recibir
los alimentos del programa del Vaso de Leche sin
que exista un mecanismo de substitución
para atender una situación de este tipo.
Finalmente, la cuestión de la corrupción,
como en casi todo el quehacer del Estado y la
sociedad peruana, juega un papel fundamental en
la problemática de la desnutrición,
distorsionando la asignación de recursos
y terminando por convertir la desnutrición
en un negocio.
En conclusión, incrementar
la eficiencia de los programas alimentarios es
indispensable como lo ha reconocido el Primer
Ministro ante el Congreso. No obstante, la lucha
contra la desnutrición infantil no se limita
a ejecutar los programas alimentarios, sino que
requiere esencialmente la implementación
de Políticas de Seguridad Alimentaria a
nivel nacional, regional y local. Tales políticas
incluyen objetivos, metas, plazos, recursos, responsabilidades,
mecanismos de coordinación interinstitucional
y de vigilancia que permitan superar sostenidamente
la desnutrición crónica sin caer
en un asistencialismo sin norte. Una política
alimentaria se ocupa también de la producción
para el consumo de alimentos, del acceso a los
recursos y a los mercados, así como prever
medidas paralelas en otros ámbitos (fundamentalmente
educación). En este sentido, actualmente,
es urgente implementar la Estrategia Nacional
de Seguridad Alimentaria aprobada en el 2004,
pues la desnutrición infantil no se superará
bajo el caos institucional sostenido hace más
de diez años por el Estado.
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