LA PENA DE MUERTE: CUESTIONES PREVIAS A LA PROPUESTA PRESIDENCIAL

Nikolai O. G. Wilhelmi Ch.
Investigador para la Comisión Andina de Juristas

Es una triste realidad que en Perú, como en varios países aquejados por el subdesarrollo, las autoridades emiten normas sin reparar en las condiciones mínimas necesarias para su aplicación. Tarde o temprano, las normas dadas sin realizar ese análisis pueden generar consecuencias contraproducentes mayores que los que el problema original causaba.

Así por ejemplo, al analizar la propuesta del Presidente Alan García Pérez con respecto de la pena de muerte debemos cuestionarnos si los órganos encargados están en capacidad de aplicar la medida y como se verán afectados en su aplicación.

Es conveniente recordar, que en los Estados Unidos donde existe un relativamente prestigioso sistema legal, se invierten cientos de millones de dólares en recursos (Los Angeles Times - 2005) para tratar de llegar a la convicción total en los casos de pena de muerte. A pesar de ello la medida es duramente cuestionada por tener una tasa de error de uno por cada siete condenados a muerte (Death Penalty Information Center - 2006). ¿Nuestro sistema judicial esta preparado llevar acabo esa tarea con al menos igual margen de seguridad en las sentencias?

En nuestro caso el aparato jurisdiccional según las cifras de Apoyo de Agosto del 2006, el 56% de la población desaprueba la gestión del Poder Judicial, 20 % no precisa y solo 24 % la aprueba. ¿Podrá salir airoso de la aplicación de la pena de muerte?

El Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Publico y el INPE enfrentan un fuerte descrédito ante la población ello producto de fenómenos como la corrupción, la indebida influencia de autoridades políticas y de los medios de comunicación; ineficiencia y falta de preparación de sus funcionarios en las investigaciones y responsabilidades a su cargo. Por supuesto es importante deslindar que existen jueces probos, policías y fiscales preparados e incorruptibles que hacen sendos esfuerzos por llevar a cabo su encomiable labor, sin embargo estos son los menos.

Para tener un ejemplo de ello no tenemos necesidad de remontarnos al tristemente famoso caso del "Monstruo de Armendáriz", (emblemático caso de 1957 en que una persona acusada de asesinato de un menor es condenada a muerte por presión popular); hace pocos años estuvo ante las cámaras de televisión el caso de "Beto", un muchacho con retardo mental, acusado (y condenado en primera instancia) de haber ultrajado y asesinado a una menor en el Puericultorio Pérez Aranibar, por suerte, esta historia tuvo un mejor final debido al gratuito patrocinio de un abogado, él cual fue capaz de demostrar su inocencia (poco tiempo después se hallaron a los culpables). El error ocurrió en gran parte debido a la influencia de los medios y sus prejuicios en el poder judicial así en la policía y el poder judicial

A ese respecto, estudios realizados en los Estados Unidos demuestran que hay un fuerte componente subjetivo en la aplicación de la pena de muerte: los grupos social y racialmente excluidos tienen considerablemente mayores posibilidades de ser condenados a muerte con relación a otros grupos raciales (Estudio Paternóster -1983). ¿Qué tanto hemos avanzado los peruanos en temas como la exclusión social, racial y cultural? ¿Nuestros jueces demuestran estar ya por encima de los prejuicios que caracterizan nuestra sociedad?

Entonces después de reflexionar sobre todos estos datos me surgen dos preguntas ¿por qué debería nuestra sociedad correr el riesgo de matar a un inocente entre siete culpables (en el caso que igualemos la efectividad del sistema norteamericano)? y ¿estamos dispuestos como sociedad a dar el poder de quitar la vida a un poder judicial al cual la mayoría de peruanos no aprueban su gestión?

Soy de la opinión que en el supuesto que los peruanos estuvieran de acuerdo (que no es así) con la pena de muerte es lógico sostener que las condiciones no están dadas en el Perú y que antes de poder plantear con seriedad ese debate deberemos trabajar en tener un sistema de administración de justicia cuyos fallos cuenten con el respaldo y la confianza de toda la ciudadanía

Como peguntas previas que en mi fuero personal tengo a la propuesta de pena de muerte (y sin renunciar al derecho de sustentar mi opinión) para el Señor Alan García: ¿qué medidas va ha tomar para darnos un Poder Judicial mas confiable? ¿Cómo va ha transformar nuestras prisiones en centros de reclusión modernos y seguros? ¿cuáles van ha ser los pasos que se van a realizar para fortalecer la Policía y el Ministerio Publico institucionalmente? Además debo señalar que espero este teniendo escrupuloso cuidado en la preparación para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en el ámbito nacional.

En resumen: el Señor Presidente, desde mi punto de vista, si insiste en cumplir su promesa presidencial (pese a que no es jurídica, criminológica, o económicamente "recomendable"), todavía tiene mucho "pan que rebanar" para que las consecuencias no las pague un inocente.

 

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