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APERTURA
DEL AÑO JUDICIAL, CAMBIO DE MANDO Y REFORMA
JUDICIAL
Eddie Cóndor Chuquiruna
(*)
Luego de dos años de inercia
en el tema reforma judicial, el reciente mensaje
del nuevo presidente del Poder Judicial, Francisco
Távara Córdova, devuelve
la esperanza a los peruanos respecto a un tiempo
de impulso de los cambios básicos que la
judicatura necesita, hoy más que antes,
por el descrédito en que se encuentra.
Ha transcurrido más de una
década desde el fracaso de la reforma judicial
del fujimontesinismo y lo que ha saltado a la
vista -desde entonces- es la ausencia de un proceso
serio y consistente de reforma. La transición
democrática hizo los cambios que el tiempo
permitió en un escenario lleno de complejidades.
Luego resaltó las importantes iniciativas
de la CERIAJUS y el Acuerdo Nacional por la Justicia,
seguidas irresponsablemente de silencio y poca
identificación y compromiso con un Poder
Judicial moderno, independiente y eficiente.
Resulta por ello positivo, que
el impulso para mejorar el Poder Judicial venga
desde el "interior" del sistema
judicial. Que lo manifestado, por el entrante
presidente, sea una respuesta al clamor ciudadano
y que en el proceso de cambios se haya invocado
a los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo).
Muy importante resulta igualmente, que la nueva
gestión proyecte ejecutar cambios sin excluir
a la sociedad civil y muestre apertura a tomar
de ella, sus experiencias exitosas en materia
judicial.
Son las alianzas entre impulsos
internos y externos a favor del cambio judicial
los que le dan solidez a los procesos de reforma.
Creemos que el presidente Távara Córdoba,
ha hecho bien en comprarse el pleito de la reforma
judicial, en una coyuntura política y social
irrepetible y donde el Ejecutivo y el Legislativo
no tendrán otra alternativa que apoyar
los cambios ya planteados en el discurso de apertura
del año judicial 2007. El no hacerlo significará,
por las expectativas que ha generado la nueva
gestión del Poder Judicial, traicionar
las demandas de los más de 26 millones
de peruanos.
Es la segunda vez en nuestra historia
que tenemos un presidente de la Corte Suprema
con un discurso claramente democrático
y a favor del cambio, antes lo hizo el Dr. Hugo
Sivina Hurtado. La coyuntura es favorable
a la reforma y será tarea primordial de
quienes acompañan al Dr. Távara,
identificar y articular coincidencias, de los
tres poderes del Estado y juntos empujar en la
misma dirección: la reforma judicial que
todo el país exige.
Gran parte de los logros de la
nueva gestión del Poder Judicial, dependerá
del compromiso con la reforma de los integrantes
de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
y la proactividad del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial. En ese sentido nos parece oportuno respaldar
el pedido del Dr. Távara de contar con
mayores facultades, que le permita romper con
el letargo al que fueron sometidos los planes
y programas de reforma judicial y se avance con
acciones concretas, como las anunciadas, que incidan
de manera efectiva sobre la realidad.
Las 41 medidas anunciadas, como
puntos básicos del plan de acción
de la nueva presidencia, resultan importantes.
Citamos algunas porque inciden en aspectos medulares
de la problemática judicial, que debemos
observar y evaluar constructivamente durante los
próximos dos años:
-
Adoptar las medidas de acción
propuestas por la CERIAJUS que sean más
convenientes al Poder Judicial y a la impartición
de justicia.
o Luchar contra la corrupción y la
morosidad procesal desde un control preventivo
y punitivo, para lo que promoverá la
creación de una Unidad de Inteligencia,
una Unidad de Auditoría Patrimonial
y, además, una Subunidad de Auditoría
Informática. En esa línea también
plantea fortalecer el sistema anticorrupción,
proponiendo al Congreso una norma para que
los delitos contra la Administración
de Justicia y la Administración Pública
tengan el carácter de imprescriptibles.
-
Reducir la excesiva carga procesal
de la Corte Suprema, para lo cual propone
modificar el artículo 400º del
Código Procesal Civil, para que no
solo la Sala Plena de la Suprema fije jurisprudencia,
sino cada Sala especializada.
-
Proponer una ley que permita
a la OCMA levantar el secreto bancario, la
reserva tributaria y el secreto de las comunicaciones
de los jueces y servidores investigados.
-
Establecer un Sistema Premial
por el que se reconozca los esfuerzos desplegados
tanto por Magistrados como por Auxiliares
Jurisdiccionales.
-
Promover la implementación
de la Ley N° 28149 que incluye la participación
de la sociedad en los órganos de control
del Poder Judicial y del Ministerio Público.
-
Crear una Dirección
de la Reestructuración Judicial a cargo
de un jurista que dirija y coordine junto
al presidente del PJ la reforma judicial.
-
Implementar una vicepresidencia
de la Corte Suprema en lo jurisdiccional,
y otra vicepresidencia en lo administrativo.
-
Presentar una propuesta de
ley para que la Corte Suprema intervenga en
las acciones de hábeas corpus y amparo,
que ahora solo ven los juzgados y salas superiores.
- Racionalizar el actual sistema de tasas del
Poder Judicial, promover y fortalecer la Justicia
de Paz y disminuir los procesos en la Corte
Suprema.
Coincidimos con el criterio de reconocer que
si el juez depende de la confianza social, es
un deber de la Corte Suprema y las autoridades
de las Cortes Superiores de Justicia mostrar liderazgo
en la tarea de reencontrar al Poder Judicial con
la sociedad. Formas de lograrlo hay muchas. El
nuevo presidente, reconoce algunas muy importantes
que no tienen parangón en la historia de
la República por su carácter de
ineludibles y a favor del establecimiento de una
relación constructiva entre el Sistema
de Justicia y la ciudadanía:
-
Poner al alcance de los ciudadanos
todos los datos correspondientes al presupuesto
y personal que integra el Poder Judicial y
demás información que sea relevante
en materia administrativa, procurando una
mayor transparencia institucional, tanto en
el ámbito de la gestión administrativa
como de gobierno del Poder Judicial.
-
Publicar los currículos
de los magistrados y servidores judiciales,
así como sus datos laborales, como
cargo, remuneración, años de
servicio, entre otros.
-
Publicar las resoluciones (desde
autos a sentencias) que expidan las Salas
de la Corte Suprema, los Juzgados de Paz Letrados,
los Juzgados Especializados o Mixtos y las
Salas de todas las Cortes Superiores del país,
en la perspectiva de identificar la línea
de pensamiento jurisdiccional de los magistrados
y en esa medida asegurar una mayor coherencia
entre los fallos que expida un Juez.
Consideramos que para tener a los
jueces y fiscales que el país y el proceso
de reforma requieren, deben además profundizarse
las acciones en dos aspectos centrales: mejorar
el sistema de selección y nombramiento
de jueces y fiscales por el Consejo de la Magistratura
y; crear una verdadera carrera judicial, que permita
la evaluación permanente de los magistrados.
Impartir justicia, al igual que muchas otras actividades
reservadas tradicionalmente al Estado, es tarea
de todos. Una solución de fondo y definitiva
en este campo compromete a cada uno de los peruanos
y no únicamente a los jueces del país
como se suele creer.
(*) Investigador de la Comisión
Andina de Juristas.
Las opiniones contenidas en este artículo
son de responsabilidad exclusiva del autor y no
reflejan necesariamente opiniones institucionales
de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).
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