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MARCHA MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE
Por: Florie
Huck
Comisión Andina de Juristas
El domingo 21 de mayo, más
de 5.000 personas marcharon en el Perú
contra el hambre infantil. Aunándose a
la iniciativa Walk the World del Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, tres
marchas se organizaron: en Lima, en Ollantaytambo,
y en Urubamba (Cuzco). No es para menos, en el
Perú, 3.3 millones de personas, es decir,
12% de la población sufre crónicamente
de hambre, y 25% de menores de 5 años están
desnutridos
La marcha contra el hambre tenía
carácter mundial. Más de 760, 000
personas desfilaron en todo el mundo contra el
sufrimiento de los 852 millones de personas víctimas
del hambre. Cada día, 24 000 personas mueren
por esta plaga o por sus consecuencias. Aunque
no está muy difundido en nuestro medio,
hoy en día, esta situación representa
una violación a gran escala de un derecho
humano fundamental: el derecho a la alimentación
adecuada.
El derecho a la alimentación
adecuada fue reconocido la primera vez a nivel
internacional, como la mayoría de los derechos
humanos, en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. El Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado
peruano, proclama de manera amplia el derecho
fundamental de toda persona a estar protegida
contra el hambre.
Según el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas, "el derecho a
la alimentación adecuada se ejerce cuando
todo hombre, mujer o niño, ya sea solo
o en común con otros, tiene acceso físico
y económico, en todo momento, a la alimentación
adecuada o a medios para obtenerla".
Eso se traduce en la disponibilidad y la accesibilidad
efectiva de alimentos en cantidad y calidad suficientes.
Por disponibilidad, se entienden las posibilidades
que tiene un individuo de alimentarse directamente,
explotando la tierra productiva, o acudiendo mercados
que trasladan los alimentos donde sea necesario.
Por accesibilidad, se entiende la capacidad económica
de poder adquirir los alimentos sin poner en riesgo
la satisfacción de otras necesidades básicas
(salud, educación, etc.). Asimismo, la
accesibilidad física implica proteger a
las personas físicamente vulnerables, como
los lactantes, los niños, los adultos mayores,
las personas con discapacidad física, los
moribundos, etc.
La causa principal del hambre es
la falta de acceso a los alimentos, o mejor dicho,
la pobreza. Una familia pobre dedica la mayor
parte de sus recursos a la adquisición
de alimentos. De este modo, la relación
entre el hambre y la pobreza es muy estrecha,
y forman un círculo vicioso. Por la falta
de aporte nutritivo, los individuos ven sus capacidades
físicas disminuidas, lo que genera límites
en su potencial productivo, y culmina a menudo
en la transmisión de enfermedades asociadas
al hambre de una generación a otra.
En el plano formal, las obligaciones
correspondientes a la implementación del
derecho a alimentación de los Estados son
claras. Cada uno de los Estados, parte del PIDESC,
se ha comprometido a adoptar medidas para garantizar
que toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción
sea protegida contra el hambre. El Estado debe
respetar, proteger y realizar el derecho a la
alimentación. En este sentido, tiene que
adoptar medidas para velar por que las empresas
o los particulares no priven a las personas de
este derecho, desarrollar actividades para fortalecer
el acceso y el consumo adecuado a los alimentos,
y hacer efectivo este derecho cuando un individuo
o un grupo sea incapaz de disfrutarlo.
El compromiso político más
avanzado para la lucha contra el hambre se logró
durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación,
celebrada en Roma en 1996. Tomando como referencia
la situación del hambre en 1990, los representantes
de 185 países asumieron la responsabilidad
de reducir a la mitad las cifras del hambre hacia
el 2015. Esta meta se formuló también,
junto con la reducción de la pobreza, como
el primer objetivo del Milenio.
En el Perú, para el año
2003, las cifras del hambre se redujeron en un
70% con relación a la situación
de 1990. Esto, sin embargo, no es del todo alentador.
El nivel de desnutrición en el país
es alto: todavía, 3.3 millones de peruanos
sufren cada día de hambre, situación
que afecta particularmente a los departamentos
de Huancavelica y de Apurímac. Así
pues, el Estado, pero especialmente la solidaridad
de cada uno de nosotros, deben movilizarse para
poner fin a la violación del derecho a
la alimentación adecuada del 12% de la
población peruana. No esta de más
recordar que en el mundo, se gasta más
dinero en alimentar a mascotas del que sería
necesario para erradicar el hambre.
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