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LAS PREGUNTAS BÁSICAS DE LA JUSTICIA DE
LAS QUE NO SE OCUPAN LOS REFORMADORES
Antonio Ruiz Ballón
Comisión Andina de Juristas
La lentitud en el Poder Judicial,
el desorden, los bajos sueldos, la falta de preparación,
el espíritu de cuerpo, el tamaño
de la Corte Suprema, el sistema de carrera judicial,
entre otras cosas poco tangibles para la gente
de a pie, parecen ser el centro de los interminables
debates sobre la reforma judicial. Si bien todos
estos aspectos son muy importantes, hay uno que
es elemental y anterior para a una ciudadanía
harta de corrupción: La construcción
de la confianza en los jueces.
¿Qué le permitiría
a un ciudadano confiar en un Juez? Ciertamente
confiar en un juez no significa confiar en que
nos dará siempre la razón, sino
en saber que es una persona que tiene convicciones
firmes y, que sobre la base de ellas, trata a
todos los ciudadanos de la misma manera. Si estamos
ante un juez que cambia constantemente su forma
de pensar, no diremos de él que tiene firmes
convicciones, por el contrario, nos transmitirá
inseguridad y nos permitiría sospechar
que es un juez que se deja presionar o que cambia
(vende) sus decisiones al gusto del litigante
(cliente). ¿Pero cómo distinguir
entre un magistrado confiable y uno que no lo
es? La respuesta es clara: Reuniendo y publicando
todas sus decisiones sobre casos similares. Hasta
hace algunos meces parecía imposible acceder
a este tipo de información.
La Comisión Andina de Juristas,
con el proyecto Auditoria Social al Sistema de
Justicia (www.auditoriajudicial.org.pe),
se ha ocupado de abordar este asunto. Trabajando
con magistrados de ocho sedes de Corte Superior
se les ha consultado si es que voluntariamente
estarían dispuestos a entregar todas sus
decisiones de al menos un año, para ser
ordenadas por temas, publicadas en Internet y
luego ser analizadas y criticadas por los colegios
de abogados, las facultades de Derecho y la ciudadanía
en general. La respuesta ha sido positiva. Más
de 50 magistrados de todas las instancias participan
en el denominado "Cuaderno Personal de
Decisiones Jurisdiccionales", dándole
un contenido real al derecho constitucional de
todos los ciudadanos de criticar las resoluciones
judiciales (Artículo 139° inc. 20).
Esto da cuenta de la presencia
de una nueva generación de jueces abiertos
a cambiar los hábitos de la cultura del
secretismo, promover la transparencia y la seguridad
jurídica.
El proyecto no queda ahí.
Un componente capital de este trabajo es que,
para su sostenibilidad en el tiempo, compromete
a las Facultades de Derecho, en las que procura
insertar órganos de voluntariado estudiantil
que permitan institucionalizar esta buena práctica
judicial. Así los estudiantes de Derecho
podrían recoger cada año la producción
jurisdiccional de los jueces de su localidad,
aprender de ella y brindar un servicio a la comunidad.
Esto permitirá un acceso de calidad al
servicio de justicia, favorecerá el reconocimiento
de la labor de los buenos magistrados, servirá
para prevenir la corrupción y, lo que es
más importante en una democracia sustantiva,
permitirá integrar constructivamente a
la ciudadanía y al Poder Judicial con absoluto
respeto por la independencia de esta institución.
Formalizar esta labor como una
política de Estado, que podría implementarse
a nivel nacional sin costos para el Poder Judicial,
puede significar un cambio real y muy concreto
en estos días en que se quieren presentar
medidas urgentes que nos indiquen que existe una
verdadera voluntad por hacer cambios de fondo
que sean sensibles para la ciudadanía,
sobre lo que entendemos por justicia en el Perú.
Las ideas están servidas
para todos. Ojalá las mezquindades, el
miedo o la corrupción, no las apaguen.
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