UNA MIRADA AL DISCURSO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2006

Por: Eddie Cóndor Chuquiruna
Investigador de las Areas de Derechos Humanos y Modernización de los Estados de la Comisión Andina de Juristas (*)

Lo manifestado por el Presidente del Poder Judicial (PJ), Dr. Walter Vásquez Vejarano, en el discurso de apertura del año judicial 2006, debe ser analizado pensando en el futuro de la judicatura. El clima electoral, en ciernes, resulta propicio para que los candidatos presidenciales y al Congreso entiendan la necesidad de impulsar la construcción de un sistema de justicia eficiente, independiente y oportuno en la perspectiva de lograr un país con democracia.

El discurso se caracterizó por ser descriptivo de las acciones que llevó a cabo el PJ en sus diferentes ámbitos durante el año 2005. Fue abordado el tema de la lucha contra la corrupción, apoyada con la creación de nuevas unidades judiciales. Refirió también la producción de "resoluciones" del órgano de control disciplinario de los jueces, servidores jurisdiccionales y administrativos, Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Trató igualmente la creación de los juzgados en las sub-especialidades de derecho constitucional y derecho comercial. También fueron mostrados como logros de la actual gestión la innovación y mejora de los mecanismos de comunicación con la comunidad (implementación de medios electrónicos e informáticos, entre otros), el fortalecimiento de la justicia juvenil y la descentralización de las actividades de capacitación de la Academia de la Magistratura.

Otros temas abordados han generado expectativa por sus alcances a favor del fortalecimiento del PJ.

En primer lugar, nos parece positivo el incremento del 22.77 por ciento del presupuesto institucional del PJ que este año asciende a 787 millones de Nuevos Soles, 146 millones más que en el 2005 -Desde el año 2001 al 2006 el presupuesto del Poder Judicial, se ha incrementado en un 77 por ciento-. Sin embargo, resulta cuestionable que la clase política no haya mostrado oportunamente voluntad para atender las demandas del PJ. Ello ha motivado que se perciba al incremento del presupuesto como una reivindicación de la judicatura frente a los otros poderes del Estado, cuando justamente lo que hace falta es armonizar compromisos a favor de la institucionalidad, los cambios y las reformas que este Poder necesita desde siempre. La experiencia de reforma judicial en Chile, da luces de cuando una verdadera política de estado orientada a una reforma judicial trasunta gobiernos.

En segundo lugar, saludamos las iniciativas a favor de la Justicia de Paz, que ya viene siendo implementada en las ciudades, debido a su eficacia y reconocimiento social en ámbitos rurales. Ojalá que la Oficina Nacional de Apoyo, recientemente creada, sea realmente una orientadora de las políticas institucionales en la materia y no un ente burocrático más. Llamó la atención que el mensaje haya obviado dar un balance acerca del proceso de la elección popular de los más de 7000 Jueces de Paz, su capacitación y sugerir medidas destinadas a atender su remuneración y logística.

En tercer lugar, el discurso destaca el significativo apoyo que viene recibiendo el sistema de justicia peruano por parte de la cooperación internacional a través del "Proyecto de Reforma del Sistema de Justicia en el Perú", financiado por la Unión Europea, con una inversión de 12 millones de euros y el "Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia", financiado por el Banco Mundial, con una inversión de 15 millones de dólares. Sin embargo, es lamentable que en éste, al igual que en el discurso de apertura del año judicial pasado, a los esfuerzos del Acuerdo Nacional por la Justicia y a las propuestas de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), excepto la relativa al incremento del presupuesto, no se les haya dado la importancia que corresponde, pese a que los componentes de ambos proyectos están centralmente dirigidos a implementar dichas propuestas. El país ya no está para más contramarchas y sería saludable para el PJ reconocer las cosas que están bien logradas.

En cuarto lugar, aunque sea innecesario, es positivo que la apertura del año judicial, haya servido para recordar a los candidatos que el tema de la crisis judicial debe ser parte de la agenda electoral. El ofrecimiento del Dr. Vásquez Vejarano, de prestar apoyo a los candidatos para un examen profundo de la realidad judicial, resultó una medida audaz y necesaria. Consideramos que asumir compromisos en el ámbito judicial de cara a un eventual gobierno perfilaría mejor a cualquier candidato.

Existen temas de especial importancia, como la reducción de la actual Corte Suprema de Justicia de 30 a 11 miembros y la implementación de un sistema de lucha contra la corrupción con un control externo a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura y la sociedad civil, entre otros; que deberían estar presentes en el debate de la realidad judicial a nivel político, académico y de la judicatura. Si bien es cierto, las más importantes reformas del sistema de justicia están ligadas a la reforma constitucional, llama la atención la falta de voluntad del Congreso por aprobar 36 de las 52 propuestas de ley pendientes que recomendó la CERIAJUS.

Si partimos de la premisa que el discurso analizado marca la agenda de lo que se hará el presente año a nivel judicial, no vemos con optimismo su futuro inmediato. El incremento del presupuesto, la construcción de nueva infraestructura y la mejor producción jurisdiccional o de "resoluciones" en la OCMA, entre otros aspectos, son datos efectistas que dicen poco de las acciones emprendidas para reformar el sistema de justicia. No es responsable que los políticos y la jerarquía de la judicatura guarden silencio, sobre temas tan importantes como -por citar uno- la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Resulta inconsistente seguir argumentando que por falta de recursos económicos no se generan cambios sustantivos en el PJ, cuando lo que falta es liderazgo, alguien que se gane el pleito, que use mejor los recursos, racionalice lo que se tiene y renuncie a privilegios innecesarios propios de las cortes medievales. Tampoco se puede seguir negando -en la práctica- la necesidad de transparencia e implementación de mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la actuación jurisdiccional de los jueces desde la ciudadanía. La experiencia comparada ha demostrado que una apertura en este campo redundará definitivamente en el incremento de la confianza ciudadana en el PJ.

Si año tras año vamos asistir a discursos de apertura del año judicial repetitivos, de tono acrítico y de mero formalismo, reflejando la voz menor que sigue asumiendo el propio PJ de cara a la ciudadanía y al Estado, jamás tendremos los cambios que urgen en el sistema de justicia. Nunca es tarde para recuperar el tiempo perdido...

(*)Las opiniones contenidas en este artículo son de responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente opiniones institucionales de la Comisión Andina de Juristas (CAJ)

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