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¿A-37
Y POZAS DE MACERACIÓN?
Nikolai O. G. Wilhelmi Ch.
Consultor en Seguridad y Defensa
Comisión Andina de Juristas
Un reconocido general colombiano
daba tres líneas sobre lo que debe ser
la relación del poder ejecutivo con los
medios, en particular en el área de seguridad
y defensa nacional. Primero, hay que considerar
que el periodista y su publico son inteligentes;
segundo, hay que ser coherente y dispuesto a sostener
lo que se ha dicho; y por último, nunca
hablar off the record.
En este caso el Presidente Alan
García ha roto flagrantemente
las dos primeras reglas: ¿Es que acaso
no sabe el señor Presidente que la finalidad
de las Fuerza Armada en un Estado moderno es velar
por su supervivencia y desarrollo? y ¿qué
la función de la policía es velar
por el libre ejercicio de las libertades y derechos
ciudadanos?
Primero, cuando se ordena la intervención
de las Fuerzas Armadas no solo está utilizando
un garrote más grande sino que además
indica que es una cuestión de supervivencia
y desarrollo del Estado. Ojo: nadie duda de la
importancia del fenómeno del narcotráfico
y lo importante que es llamar la atención
de los Estados Unidos. ¿Pero es acaso
para el Perú una cuestión de supervivencia
y desarrollo del Estado? ¿Se justifica
una intervención de las fuerzas armadas,
distinta a la supletoria y subsidiaria? Podemos
discrepar, pero en prioridad deberían estar
consideradas la recuperación de la capacidad
operativa, el control territorial efectivo, el
combate del terrorismo.
Segundo, la orden del señor
Presidente es impracticable en la parte de bombardear
pozas de maceración. Las pozas no se pueden
detectar por vía aérea (imaginemos
un techo de plástico negro camuflado en
medio de la selva); además el A-37 es un
avión a reacción y debe desarrollar
una velocidad mínima para sostenerse en
vuelo. Esta velocidad mínima impediría
un bombardeo efectivo de una área tan pequeña.
Consideremos la idoneidad de la
medida; aun superando todas las dificultades técnicas,
si se pudiera realizar la orden presidencial;
un bombardeo no discrimina. Debemos tener en cuenta
los operarios de las pozas son generalmente campesinos
y niños pobres contratados por narcotraficantes
y que ven en esa actividad su único medio
de subsistencia. Eso por no hablar de un procedimiento
que debe contemplar la rendición y captura
del delincuente antes de tomar medidas potencialmente
letales.
Por último es económicamente
costoso enviar un avión A-37 (combustible,
piloto, mantenimiento etc.) a realizar un bombardeo
en condiciones de tan dudosa efectividad para
destruir pozas de maceración que no demorarían
en ser reconstruidas. Y brindar mayor seguridad
requeriría un equipo terrestre; y si envió
un equipo terrestre ¿para qué
envío el A-37?
Una consideración que se
debería tener en cuenta en la intervención
de las fuerzas armadas, es la capacidad corruptora
del narcotráfico, más aun en las
condiciones socioeconómicas que vive nuestro
país. Mientras más se involucre
a las fuerzas armadas con la lucha antinarcóticos,
más intentaran los narcotraficantes establecer
lazos de influencia con las fuerzas armadas.
En vista de esa consideración,
países como el propio Estados Unidos, de
quien se quiere ganar la atención con estas
singulares declaraciones, establecen organismos
especializados de lucha antinarcóticos
donde se establecen organismos ad-hoc para prevenir
la corrupción, protegiendo de esta manera
a otros elementos que contribuyen a la seguridad
nacional.
En nuestro caso particular en lugar
de pretender mostrar seriedad en la lucha contra
las drogas aumentando el nivel de brutalidad,
resultaría bastante más eficiente
y acorde con la doctrina de defensa norteamericana,
establecer un comando de tarea conjunta para conducir
la lucha contra las drogas con en la cual se establezcan
mecanismos que prevengan este efecto corruptor.
Por ultimo, una cuestión
de formas, el Presidente debería contemplar,
la Fuerza Aérea del Perú no tiene
relación jerárquica alguna con el
Ministro del Interior, por lo tanto la orden de
utilizar los aviones A- 37 y realizar bombardeos
debería ser hecha al Ministro de Defensa,
mando político de las Fuerzas Armadas.
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