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ENTRE LA LEY Y EL DÍA A DÍA
Por: Nikolai O. G. Wilhelmi
Ch.
Investigador del Área Democracia de la
Comisión Andina de Juristas
Esta semana he visto un claro ejemplo
de cómo leyes totalmente alejadas de la
realidad, terminan siendo motivo de corrupción,
menosprecio o son adversos a los fines que pretendían
alcanzar. Hoy por ejemplo mientras iba por la
ciudad de Lima, subí a una "custer"
de servicio publico y no pude evitar sentir extrañeza
cuando el conductor me indico que no podía
sentarme en uno de los asientos de enfrente por
que no tenia cinturón de seguridad. En
ese momento reparé en la parodia mediante
la que se pretendía cumplir la norma en
el asiento del copiloto, tampoco pude dejar de
notar la falta de cinturones en los asientos de
la parte posterior o la inseguridad que genera
la improvisación de chóferes y cobradores
para aumentar la capacidad del vehículo.
Por otro lado existe una ley que
establece una multa en el caso que las personas
que se transportan en un vehículo no usen
cinturón de seguridad y un reglamento de
tránsito. Sin embargo, en la aplicación
la mayoría de veces las sanciones a cargo
de la policía de transito sirven como excusa
para el pago de sobornos. A qué punto habrá
llegado esta falta de legitimidad de la norma
que hace algunos días un conductor y su
cobrador golpearon a una oficial de policía
por imponer una la multa en lugar de cobrar una
"coima". Las personas se extrañan
cuando se pretende hacer cumplir la norma respecto
a maniobras peligrosas o respeto del peatón
o de los cruceros peatonales. En la misma línea
de la inefectividad, existe una norma legal que
establece que los perros deben estar empadronados
y al momento de llevarlos a pasear tendrían
que llevar correa, collar y bozal.
Laboralmente el Perú cuenta
con una legislación que desarrolla múltiples
beneficios a los trabajadores, sin embargo la
mayoría de las veces sólo los trabajadores
de las grandes empresas pueden acceder a semejante
protección. En opinión de autor
esto es debido a que sólo estas empresas
pueden sostener los costos de aplicar efectivamente
esa legislación. El resultado es que menos
del 30% de los trabajadores peruanos se benefician
de estas normas y el otro 70% estaría feliz
que fueran menos los beneficios y que fuera más
factible económicamente para las pequeñas
y medianas empresas tener a sus trabajadores en
planilla.
Existen normas municipales que
regulan el permiso para mudarse de casa, sin embargo
este suele ser tan engorroso e impráctico
que raras vez las autoridades se molestan en hacerlo
de conocimiento público o exigir su aplicación.
En el mismo sentido existen normas que regulan
las reuniones que afectan a los vecinos por ruidos
molestos, sin embargo en el mejor de los casos
se impone una multa (que difícilmente será
cobrada) después de lo cual el infractor
es libre de seguir con la actividad. Y en los
casos en que se permite la realización
de obras, ésta rara vez respeta los horarios
establecidos.
Esta rápida, incompleta
y cotidiana lista de normas que no se aplican
o se aplican defectuosamente nos habla de lo alejada
de la realidad con respecto de la legislación
producida, de la escasa legitimidad que tienen
las normas o del poco interés en hacerlas
cumplir. En otros casos se aprecia falta de técnica
o previsión en su elaboración.
Estos son solo algunos de los cotidianos
y comunes problemas que las nuevas administraciones
(en el ámbito nacional y locales), deberán
hacer frente. Para los legisladores (utilizando
la palabra en sentido amplio) peruanos los problemas
a solucionar no están necesariamente circunspectos
a los problemas macro, sino por el contrario al
día a día y para ello es necesario
estudiar la realidad implementado soluciones propias
que se encuentren al servicio del ciudadano común
y no que se sirvan de él.
Es necesario comprender que producir
leyes irreales o inaplicadas causa tanto o mas
daño al convertirse en oportunidades de
corrupción o generan perjuicios en su aplicación
o elusión.
Las opiniones contenidas en
este artículo son de responsabilidad exclusiva
del autor y no reflejan necesariamente opiniones
institucionales de la Comisión Andina de
Juristas (CAJ)
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