¿RAZONES DE ESTADO O RAZONES DE LA SOCIEDAD?

Por: Miguel Godos Curay

Augusto de Franco es un politólogo y teórico brasileño gestor de una propuesta de desarrollo que incorpora a tres actores en lugar de los dos que nos ha impuesto la concepción neoliberal del desarrollo que sólo considera al Estado y al mercado. De Franco añade a la "sociedad civil" no entendida como un apéndice del mercado sino como un elemento dinámico definido como el espacio público que no pertenece al Estado. La sociedad civil es la sociedad organizada que muchas veces realiza tareas que corresponden al Estado.

En efecto nosotros observamos empresas del Estado que siendo propiedad del "Estado" no son públicas. No se trata de privatizar las empresas del Estado sino de hacerlas públicas. Hacerlas públicas significa convertirlas en propiedad de todos. Lo público está sometido al control y vigilancia de la comunidad. Una valiosa experiencia de esta apropiación pública es el esfuerzo desplegado por la sociedad brasileña contra el Sida. Lo logros obtenidos considerados, un ejemplo a nivel mundial, emergieron de las redes de apoyo creadas por las comunidades, las familias y los maestros. El Estado escéptico participó tardíamente y se colocó como cereza de torta. El logro fue producto de un esfuerzo humano desde las bases no una realización de papá gobierno.

El fortalecimiento de la sociedad civil redefine un nuevo pacto social con el Estado. A un lado estado están las razones del Estado. Al otro las razones de la sociedad. Las razones de la sociedad también son un impulso de desarrollo para un país. Un verdadero error en el Perú es la exclusión de la sociedad civil en las acciones y decisiones de los gobiernos regionales y locales. Exclusión patente en las políticas de desarrollo favorecidas por el asistencialismo y el clientelismo político. Muchas de las obras ejecutadas en Piura como la mejora y ampliación del Estadio hoy convertido en un "elefante blanco" cuyo mantenimiento sigue siendo costoso y con escasos beneficios para la población puede ser una razón de Estado para la errática conducción del Gobierno Regional. Sin embargo, no es una razón para la sociedad civil que espera respuestas a demandas ciudadanas legítimas en sectores sensibles como la salud y educación.

Lo propio sucede cuando el Gobierno Regional con evidente ventaja utiliza recursos públicos en la promoción publicitaria de obras e inauguraciones en momentos electorales vulnerando la neutralidad que corresponde a un funcionario o a una autoridad política. La contumaz actitud de una consejera en defensa del Presidente Regional no hace sino confirmar la exacción ilegal en la que este incurre. El Presidente Regional con la responsabilidad solidaria de los consejeros que lo avalen y los funcionarios que ejecuten ha violado flagrantemente el artículo 192º de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que al tenor dice: ".. queda suspendida, desde la fecha de convocatoria de las elecciones, la realización de publicidad estatal en cualquier medio de comunicación público o privado, salvo caso impostergable de necesidad o utilidad pública, dando cuenta semanalmente de los avisos publicados al Jurado Nacional de Elecciones o Jurado Electoral Especial según corresponda".

En caso de incumplimiento el Jurado Nacional de Elecciones debe sancionar a los responsables conforme al Artículo 362 de la anteriormente mencionada ley que prevé incluso la suspensión en el ejercicio de sus funciones de los funcionarios y servidores públicos infractores. Aquí no se trata de una limitación de la libertad de expresión sino de una exigencia de la no utilización de recursos públicos con el ánimo de favorecer una candidatura al extremo que se malversan recursos del Estado. Si el Presidente Regional, los consejeros y funcionarios públicos cubren con su dinero estos gastos publicitarios es otra cosa. Lo que realmente no sucede.

Corresponde por ello fortalecer la sociedad civil para ejercitar una vigilancia horizontal del manejo de los recursos públicos. Definitivamente democracia no es sinónimo de partidocracia. Se piensa que los partidos en el poder puedan acaparar decisiones influyentes que benefician a unos (nepotismo) y marginan a otros. Y no es así. Así se comportan como monopolios abusivos en el ejercicio del poder y el uso en ventaja de los bienes asignados para el mejor cumplimiento de la función pública como vehículos, combustible, canastas de racionamiento, bonos a una productividad que no existe etc. Definitivamente los gobiernos regionales y los propios municipios no pueden seguir funcionando como clubes particulares para el favorecer a los partidarios como hoy sucede.

Como bien señala Amartya Sen, el Nobel de Economía, el desarrollo exige el cumplimiento de un elenco de Libertades: Libertades políticas (cumplimiento de los Derechos Humanos), servicios económicos (oportunidades de trabajo y creación de empresas), oportunidades sociales (educación y salud universales), garantías de transparencia (acceso a la información sin limitaciones) y seguridad protectora (red de protección a los más pobres).Lo que justamente no aparece ni como idea en los coloridos anuncios y folletos del Gobierno Regional. A estas alturas quién salvará a la consejera de la de la esclavitud de sus palabras que no hacen si no confirmar fehacientemente la comisión de un delito.

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