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LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA DEFENSA INTERNACIONAL
DE LA DEMOCRACIA
Thomas Legler (*)
Profesor de Relaciones Internacionales
Mount Allison University, Canadá
Perú es la cuna de la Carta
Democrática Interamericana. Fue la dolorosa
experiencia de Perú bajo el autoritarismo
de Fujimori la que incentivó al gobierno
transitorio de Paniagua y la sociedad civil que
lo apoyaba a proponer la idea de una Carta Democrática
a la Organización de Estados Americanos.
Su propósito era que ni el Perú
ni ningún otro país de las Américas
tuvieran que soportar una vez más la erosión
sistemática de la democracia por un jefe
de estado en ejercicio elegido democráticamente
que se convirtiera luego en un dictador.
Adoptada por la Asamblea General
Extraordinaria de la Organización de Estados
Américanos (OEA) realizada en Lima
en septiembre del 2001, la Carta Democrática
Interamericana contiene disposiciones importantes
que en teoría deben ayudar a la OEA a responder
en forma preventiva, oportuna y efectiva a la
amenaza de un desliz hacia el autoritarismo, o
en otras palabras, el surgimiento de otro Fujimori
(y Montesinos). El Artículo 17 de la Carta
Democrática, cláusula de "auto-ayuda",
estipula que cualquier estado miembro puede solicitar
la asistencia del Secretario General y del Consejo
Permanente de la OEA en el caso de una amenaza
a la democracia. El Artículo 18, cláusula
de "vigilancia de la colectividad",
propicia a que cualquier estado miembro o a que
el Secretario General pueda convocar a una reunión
del Consejo Permanente debido a la crisis política
en un estado vecino.
Lamentablemente, la OEA continúa
teniendo enormes dificultades para poner en práctica
los principios de la Carta Democrática.;
ya que no ha podido combatir los deslices hacia
el autoritarismo de presidentes elegidos, como
resultó evidente en la crisis reciente
en el Ecuador (2004-2005) y en el actual gobierno
de Chávez. La OEA ha adquirido la reputación
de ser un "apaga incendios" que llega
a la escena cuando el edificio ya está
en llamas.
Una gran parte del problema de
la OEA en su defensa de la democracia se relaciona
con los límites de la soberanía
que el multilateralismo interestatal impone a
la acción de la OEA. Un ejemplo es el principio
de "sólo por invitación".
La OEA debe primero obtener el consentimiento
expreso del respectivo gobierno antes de poder
intervenir en defensa de la democracia. Los Artículos
17 y 18 antes mencionados consagran este principio.
Esto puede dar lugar a la posibilidad de situaciones
perversas en que la OEA debe buscar la señal
de seguir adelante en su acción a favor
de la democracia desde un gobierno antidemocrático.
Los peruanos seguramente recordarán cómo
la OEA tuvo que negociar con el gobierno de Fujimori
en junio del 2000 para poder lanzar su misión
de alto nivel bajo la Resolución 1753.
Si las prácticas multilaterales
actuales obligadas por la soberanía impiden
a la OEA la oportuna y eficaz defensa de la democracia,
parte de la solución debe entonces estar
en alterar el multilateralismo. Es aquí
donde la sociedad civil debe desempeñar
una función importante. Nada impide a las
organizaciones o redes de la sociedad civil desarrollar
un sistema de alerta temprana o un mecanismo de
vigilancia para evaluar el cumplimiento de los
estados miembros con la Carta Democrática.
En casos en que los países miembros de
la OEA o el Secretario General se encuentren limitados
en términos de lo que pueden decir o hacer
por temor a violar la soberanía de otros
países miembros, la sociedad civil no estará
sujeta a esta limitación.
En este sentido, la sociedad civil
ha realizado acciones pioneras. En Venezuela,
en 2002-2003, el Centro Carter tuvo un desempeño
valioso como parte de la misión tripartita
que facilitó el diálogo entre el
gobierno de Chávez y la oposición
y que comprendía también a la OEA
y al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.
Los Amigos de la Carta Democrática y la
Comisión Andina de Juristas han comenzado
a elaborar las bases de un sistema de advertencia
temprana y de un mecanismo de vigilancia democrática.
Los miembros de la sociedad civil pueden actuar
como exploradores útiles y denunciantes
ante la OEA.
No obstante, no se deben subestimar
las dificultades de la sociedad civil en apoyo
a la OEA en la defensa internacional de la democracia.
Las organizaciones no gubernamentales son muchas
veces criticadas por la falta de credenciales
democráticas en la elección de sus
dirigentes y representantes internacionales. Estas
organizaciones deben también tener cuidado
en su asociación con el gobierno de los
Estados Unidos. Aunque las ONG recurren muchas
veces a la USAID o al sistema NED en busca de
asistencia financiera, la experiencia de Súmate
en Venezuela indica que corren el riesgo de alimentar
la percepción de que son agentes del gobierno
de los Estados Unidos en un momento en que las
relaciones entre dicho país y América
Latina no son muy favorables.
Por último, hacer un diagnóstico
de las graves amenazas a la democracia o de las
crisis políticas que se avecinan es algo
difícil tanto para la OEA como para las
organizaciones de la sociedad civil. Una cosa
es determinar la inminencia de un golpe de estado
y otra muy diferente discernir el punto preciso
en que una serie de pequeñas y paulatinas
acciones de desliz hacia el autoritarismo se suman
a una situación lo suficientemente grave
para merecer la atención del Consejo Permanente
de la OEA. Con esa dificultad metodológica
no es de sorprender que en democracias como la
del Perú en la década de 1990 ocurriera
"la muerte por mil pequeños cortes"
antes de intervención efectiva de la OEA
en defensa de la democracia. Sin embargo, hasta
que el mulilateralismo interestatal de la OEA
no acepte la importante función complementaria
de las organizaciones civiles, continuaremos observando
como la OEA llega demasiado tarde a la escena
para salvar la casa de quemarse.
(*) El Dr. Thomas Legler, participará
como panelista principal en el encuentro: Democracia
y pacto social en las Américas: retos y
posibilidades, el cual se llevará a cabo
en Lima el lunes 28 de agosto de 2006 a las 14h00
en el Auditorio #1 del Museo de la Nación
y está siendo organizado por la Embajada
de Canadá, el Instituto de Democracia y
Derechos Humanos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (IDEHPUCP) y la
Comisión Andina de Juristas (CAJ).
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