CULTURA ¿POLÍTICA DE ESTADO?

Por: Raúl Mendoza Cánepa (*)
Investigador de la Comisión Andina de Juristas

Los gobiernos que trascienden no sólo promueven crecimiento, siembran valores culturales, legan talentos. Los grandes renacimientos culturales suelen estar asociados, por ello, a grandes estadistas cuando no a poderosos patrocinadores. Lamentablemente, en el día a día la cultura pasa a un tercer plano.

El Gobierno, a través del INC tiene la oportunidad de complementar la reforma educativa con una campaña de consolidación cultural. Cultura y educación son temas necesariamente vinculados. En esa línea, sería fructífero, que vía convocatoria del INC, se institucionalizara una red de mecenazgo y patronazgo de cultores artísticos. La ejecución de esta propuesta no tendría costo, sólo se requeriría el llamado del Gobierno y, desde luego, la elaboración de un sistema articulado e integrado de beneficios tributarios, descuentos de publicidad en los medios de comunicación del Estado, etc.

En Venezuela, el tema es de debate público, en España existe una norma, la Ley de Mecenazgo de diciembre del 2002, por la que se crea un régimen fiscal e incentivos al mecenazgo. En Argentina se venía discutiendo en el Congreso un proyecto auspicioso sobre el tema. Si bien es cierto, hay determinados incentivos, desarrollados normativamente de manera aislada, para la promoción cultural, no existe en el Perú un régimen especializado que supere la materia tributaria y que extienda mayores beneficios a los llamados "mecenas". Más aún, se requiere un registro de mecenazgo que permita identificar a aquellas empresas y personas, que por incentivos o amor a la cultura, estén dispuestos a financiar la creación y difusión de nuevos talentos.

Existen muchos empresarios y empresas interesadas en el arte y que llevan internalizado el principio de la responsabilidad social. Es notorio que abundan en el país talentosos artistas (músicos, pintores, escritores, actores, bailarines, cineastas, etc) que viven en el anonimato y sin posibilidad material de publicar su primera novela, presentar su primer recital, realizar su primera exposición o simplemente formarse en una escuela. El anonimato y la pobreza suelen ser una conjunción letal para el talento ¿Cuántos jóvenes simplemente abandonan su actividad cultural por tareas más prosaicas, por empleos mal remunerados, oscuros y escasamente creativos? Muchos cultores van a la deriva y sin auspicio porque la sociedad y el propio gobierno se distraen en lo inmediato, obviando lo trascendente. Ante una convocatoria de ese tipo, diversas empresas podrían hacerse cargo de un artista, promoverlo y convertirlo en un símbolo institucional mediático, lo que redundaría en un estrechamiento de lazos entre las empresas y los ciudadanos, generando un vínculo de afecto que incidiría en la solidificación de la imagen empresarial.

Existe un mecenazgo económico, pero también hay experiencias interesantes que expanden el significado del término, es el apoyo directo al joven talento a través de la tutoría. Si bien no se financia la creación, formación y difusión de las obras, se asigna un mentor con cierto renombre. El INC podría promover una red de discipulado y apoyo a la formación cultural. Tampoco redunda en mayor gasto, habida cuenta que todo artista consagrado busca también su propia promoción. Hace algunos meses, en el marco de la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos, un joven literato colombiano, apenas con una publicación en su haber, escribió el borrador de su obra en 12 meses, bajo la tutela y guía del novelista Vargas Llosa . Esta relación maestro-alumno concluyó en la publicación de la novela "Recursos Humanos", editada por Editorial Planeta.

Este es un tema que en algunos países viene cobrando mayor importancia y generando, además, el interés espontáneo de las empresas y amantes de la cultura ¿No será, ahora en un contexto de estabilidad económica, el momento propicio para hacer de la cultura uno de los ejes de la política?

(*) Las opiniones contenidas en este artículo son de responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente opiniones institucionales de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).

 

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