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PARA
UNA MEJOR FUNDAMENTACIÓN DE LA LEY
Por: Raúl Mendoza Cánepa
Al margen de los temas del debate
parlamentario (algunos, como el de las ONGs, harto
cuestionables), complace que la tradicional
"proyectitis" y la vocación
legiferante de algunos "figurettis"
parlamentarios sea historia. El cambio obedece
a una reforma oportuna e inteligente: las propuestas
legislativas se presentan ahora por bancadas,
ya no por congresistas. Comparemos, entre el 27
de julio y el 31 de octubre el actual Congreso
tramitó 468 iniciativas de ley, distante
de las 1,066 gestionadas en ese mismo período
durante el 2001. Se avizora buen viento: austeridad,
eficacia y racionalidad legislativa. Sin embargo,
aún queda madeja para hilar.
Los parlamentos modernos tienen
como una de sus principales funciones la de legislar.
Debido al descomunal cúmulo de leyes existentes
en el Perú (conviven alrededor de 28,000,
de las cuales apenas un ínfimo porcentaje
tienen vigencia real) se hace necesario priorizar
en aspectos como la viabilidad de la norma. En
una sociedad en la que se producen leyes sin medir
su impacto es posible que se genere lo que los
sociólogos denominan la "anomia",
esto es que el Derecho no se cumpla, que sea débil,
inefectivo. La sobreproducción legislativa
incide en que el sistema jurídico se convierta
en una descomunal telaraña que obstruye
las iniciativas privadas y constriñe las
potencialidades del mercado. Un corsé para
el desarrollo.
Un buen marco institucional se
construye a partir de pocas y buenas leyes destinadas
a facilitar la vida y a crear incentivos que impriman
velocidad a la dinámica económica.
¿Es esto posible asumiendo que las leyes
carecen de un buen análisis de impacto?
Constatemos, el análisis de costos y beneficios
de los proyectos de ley, exigido por el artículo
75 del reglamento del Congreso, suele ser apenas
una justificación torcida de cada proyecto.
Basta darles una mirada. Con la racionalización
del proceso se dispondría ahora de mayor
tiempo para que las propuestas de la bancada pasen
por un filtro previo, técnico en esencia,
sujeto a una metodología y asistida por
expertos en cada tema. Sólo así
se daría un sustento económico a
los proyectos. Percibo que las malas leyes se
elaboran sin previsibilidad, bajo el sesgo de
intereses y, a veces de pasiones, en conflicto
¿Y quién valida finalmente las propuestas?
El Poder Ejecutivo, que a falta de Senado, hace
de revisor único. Observa, promulga o se
desentiende.
Que sea la bancada la que proponga
leyes y no el legislador es un avance, pero ¿Y
la calidad legislativa? Imagine que una mayoría
fuerza una interpretación, que palanquea
la razón por medros inconfesados. Imagine
que se pretende vulnerar un derecho por la vía
de un dispositivo que, al menos por cuestionable,
debería pasar por la Comisión de
Constitución, pero se la salta. Se aprueba
en el Pleno, se deriva al Ejecutivo y se le da
vigencia rápida. Asunto concluido. El sistema
jurídico se contamina por efectos de una
ley perniciosa ¿Quién asume el
costo? La sociedad. El tema es de procedimiento,
pero también de sustancia ¿Cómo
se nutren los proyectos legislativos en el Perú?
¿Cuál es la composición
de los equipos consultivos de las comisiones de
trabajo? Y, a lo que quería llegar,
¿Qué fue del Centro de Investigación
Parlamentaria? Una pena que la investigación
se descarte y que el conocimiento multidisciplinario
y las ciencias sociales así como el cálculo
económico especializado no sea lumbre en
los debates (incluyamos la previsión constitucional)
Más todavía si la asesoría
legislativa no es carrera, se improvisa, se teje
de confianzas y gratitudes ¿Qué
garantiza las buenas leyes?. De allí
que sea buen sustento para la creación
legislativa el de la investigación y la
planificación estratégica de las
normas.
Un Parlamento moderno asume tareas
que demandan no sólo más tiempo
sino también mayores flujos de información
y asesorías especializadas, profesionalizadas.
La información multidisciplinaria es un
factor clave de productividad. Thomas Jefferson,
luego de aportar su colección de 6,487
libros para crear la actual Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos, afirmaba que ninguna materia
podía ser ajena al trabajo parlamentario.
La calidad de la ley es un tema que vincula información,
investigación, análisis constitucional
y diversidad temática.
Convendría darle fuerza
a la idea de un Centro de Investigación
Parlamentaria moderno, eficiente, bien equipado,
dedicado a la búsqueda de información
y al análisis cabal que requieren los estudios
de viabilidad de las normas. Materia urgente.
Las opiniones contenidas en
este artículo son de responsabilidad exclusiva
del autor y no reflejan necesariamente opiniones
institucionales de la Comisión Andina de
Juristas (CAJ).
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