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LA
DECLARACIÓN DE TARIJA Y SU IMPLICANCIA
EN LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Por: Esther Anaya Vera (*)
La Declaración de Tarija
adoptada el 14 de junio de 2007, constituye el
documento final de la XVII Reunión Ordinaria
del Consejo Presidencial Andino de la Comunidad
Andina (CAN). Esta reunión se lleva
a cabo cada año para evaluar el desarrollo
y los resultados del proceso de integración
en sus distintos ámbitos, así como
para definir la política de integración
que tendrá que seguirse, la que se dispone
a través de Directrices contenidas en la
Declaración Final.
Las Directrices del órgano
máximo del Sistema de Integración
Andino (SAI) no constituyen normas jurídicas
pero si mandatos políticos de carácter
general que deberán ser implementados por
los órganos e instituciones correspondientes
del SAI. Esta implementación incluye la
adopción de normas comunitarias andinas
jurídicamente vinculantes y de aplicación
directa en los ordenamientos jurídicos
internos de cada País Miembro. El objetivo
de estas Directrices es 'procurar un mejoramiento
persistente en el nivel de vida de los habitantes
de la Subregión', de acuerdo con lo dispuesto
por el Art. 1 del Acuerdo de Cartagena; y no,
conforme a los intereses de Estado de cada País
Miembro.
En este sentido, la existencia
de un proceso de integración económico-social
como la CAN, resulta relevante para la realización
de los derechos humanos en la Región Andina.
Ello, porque si bien la CAN no tiene competencias
para sancionar la vulneración de estos,
sí está en capacidad de contribuir
significativamente a su realización a través
de la ejecución articulada de programas
orientados hacia ese fin.
La agenda económico-social
de la CAN incluye temas diversos como el sociolaboral,
educación, salud, medio ambiente, seguridad
alimentaria, desarrollo rural, desarrollo social
en fronteras, democracia, derechos humanos, comercio,
inversiones, energía, competencia, propiedad
intelectual, normas de origen, reglamentos técnicos,
infraestructura, transporte, entre otros temas
de similar relevancia.
En el marco de lo sostenido, con
la reciente decisión adoptada por Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú de negociar el
Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea (UE) como bloque comunitario, estos
países han enviado el mensaje implícito
de que estas negociaciones perseguirán
como finalidad procurar el mejoramiento del nivel
de vida de los habitantes de la subregión
y no los intereses individuales de cada Estado.
En este sentido, el recientemente lanzado proceso
de negociaciones de Acuerdo de Asociación
con la UE, podrá contribuir significativamente
al cumplimiento del Acuerdo de Cartagena, teniendo
presente que ésta asociación no
se limitará a un tratado de libre comercio
sino que contiene elementos de dialogo político
y de cooperación.
De forma paralela, la incorporación
de Chile como miembro asociado también
fortalecerá a la CAN en su desafío
de articular su agenda y coadyuvar en la realización
de los derechos humanos en la Región Andina,
dado que éste país ha decidido no
limitar su participación a los temas económicos,
sino que participará en temas diversos
como el desarrollo humano y social incluyente,
democracia, medio ambiente y desarrollo sustentable,
entre otros. Ello podría resumirse en la
participación de la Presidenta Michelle
Bachelet en Tarija, durante la cual sostuvo que
la integración regional descansa sobre
la existencia de un proyecto común cualitativamente
superior a la suma de las partes y que por ello
una región unida estará en mejores
condiciones para resolver sus problemas de pobreza
y subdesarrollo.
Conforme a lo sostenido, la Declaración
del Consejo Presidencial Andino adoptada en Tarija
no se limitó a emitir una Directriz destacando
la importancia del lanzamiento oficial del inició
de las negociaciones con la UE. Por lo contrario,
emite un total de dieciocho disposiciones entre
las cuales es preciso destacar la reducción
de los efectos del cambio climático, la
protección del medio ambiente, el respeto
de los derechos de los migrantes, el fomento de
la participación de los pueblos nativos
y el lanzamiento del Plan Andino de Lucha contra
la Corrupción (Decisión 668).
Este último es de vital
importancia puesto que la corrupción se
ha convertido en uno de los principales problemas
de la Región Andina, teniendo como resultado
que esta se convierta en una de las regiones más
desiguales del planeta, y por ende, con un promedio
de pobreza en sus países que afecta en
promedio al 50% de su población, a pesar
del crecimiento económico de sus países.
Por consiguiente, las Directrices
Presidenciales adoptadas en Tarija tienen previsto
encaminar al proceso de integración andino
hacía una articulada agenda económico-social
que ha sido consensuada por cuatro países
que no comparten el mismo modelo de desarrollo,
pero que sin embargo buscan el mejoramiento persistente
del nivel de vida de sus ciudadanos y con ello,
el respeto de la indivisibilidad de sus derechos
humanos. Es precisamente a través del acuerdo
general, del consenso de los países, que
evoluciona el Derecho Internacional, un derecho
que a punta de constantes tropezones intenta cada
vez más, institucionalizarse y humanizarse.
(*) Asistente de investigación,
Comisión Andina de Juristas
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