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Lunes, 3 de enero de 2005

PARCIALIZACION DE AUTORIDADES AGRAVA CONFLICTO MINERO EN CAJABAMBA

Cajabamba, provincia ubicada a cinco horas al sur de Cajamarca es escenario de un conflicto entre dos empresas mineras -una peruana, la otra canadiense- que se disputan la propiedad y tenencia de varias concesiones mineras, las mismas que -de acuerdo a documentos que obran en nuestro poder- pertenecerían legítimamente al grupo denominado Las Algamarcas.

Las empresas Compañía Minera Algamarca S.A. y Compañía de Exploraciones Algamarca S.A., ambas conocidas como Las Algamarcas son propietarias de varias concesiones mineras que comprenden un área total de 7, 982 hectáreas. La titularidad de estas concesiones está debidamente inscrita ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos- SUNARP. La empresa Minera Sulliden Shahuindo S.A.C, fue constituida por Sulliden Exploration Inc. con el exiguo capital de diez mil dólares. La empresa Sulliden Exploration Inc., es una empresa "junior" con sede en Québec, Canadá, que se dedica sólo a la fase de exploración minera para realizar operaciones de especulación en la Bolsa de Valores de Toronto. Para captar dinero, realiza colocaciones de participaciones en dicha Bolsa, ofreciendo opciones de la propiedad de los proyectos mineros que identifica, concesiona y explora.

El año 2000 Sulliden Exploration Inc. negoció con las Algamarcas la transferencia de concesiones mineras y consiguió que sus juntas de accionistas autorizaran la transacción a su favor. Pero, sorpresivamente no firmó el contrato e hizo que lo suscribiese una persona jurídica distinta, Sulliden Shahuindo S.A.C., hecho que no está permitido por la ley.

A fines del año 2002, como parte de un proyecto de rescate empresarial integral, la empresa Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMSA), organización con más de cincuenta años en la actividad minera nacional, completó la compra de la mayoría de acciones de las Algamarcas y, a principios del 2003, tomó su administración encontrándose con el irregular contrato de transferencia de concesiones mineras a favor de empresa Minera Sulliden Shahuindo S.A.C., a pesar que las juntas de accionistas de éstas empresas habían aprobado realizar el trato con Sulliden Exploration Inc. Al conocer las insalvables fallas legales del contrato entre Sulliden Shahuindo y las Algamarcas y las graves consecuencias económico-financieras que se cernían sobre sus intereses, ATIMMSA acudió al Poder Judicial, con base en la opinión del doctor Manuel De la Puente Lavalle, reconocido erudito peruano en materia de doctrina jurídica sobre contratos, quien opina que el contrato es ineficaz.

El Décimo Juzgado Civil de Lima emitió, en mayo de 2003, una medida cautelar que ordena la suspensión temporal de los efectos jurídicos del contrato Sulliden Shahuindo-Algamarcas. El Juzgado Mixto de San Marcos, en febrero del año 2004, emitió una nueva medida cautelar con Resolución Sobre Cautela Posesoria que ordena a Sulliden Shahuindo y a sus principales directivos no realizar trabajos de exploración en las concesiones mineras del "Proyecto Shahuindo", porque Minera Algamarca tiene la titularidad certificada por la Superintendencia de Registros Públicos y el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero- INACC; asimismo, que la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas deje sin efecto todas las autorizaciones concedidas a Sulliden Shahuindo y se abstenga de emitir nuevos permisos. El 18 de noviembre de 2004, ante el incumplimiento de este mandato judicial, mediante Resolucion Nº 22, el Juzgado Mixto de San Marcos, ha requerido a la Direccion General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas que cumpla con lo ordenado, bajo apercibimiento de que su director será denunciado por el delito de resistencia a la autoridad.

En enero del 2003, Sulliden Shahuindo S.A.C., violando nuevamente la ley, ubicó su campamento principal en parte del local de la única escuela estatal del caserío de San José, desde donde sus directivos, tanto canadienses como nacionales, siguieron desacatando nuestra legislación y las resoluciones del Poder Judicial. Desacataron la medida cautelar que suspende los efectos del contrato de transferencia de concesiones mineras y para impedir que las Algamarcas mantuvieran la posesión de sus propiedades, Sulliden Shahuindo S.A.C. bloqueó con una tranca de metal, protegida por vigilantes de la empresa de seguridad Forza, armados con escopetas, la única carretera pública que une Cajabamba y Algamarca con San José y una veintena de poblados. Esta ilícita, prepotente y abusiva acción o provocó una seria alteración de la paz y vida cotidiana de los moradores de la zona y generó una gran repulsa y animadversión del campesinado hacia esa empresa. Tras seis meses de abuso, los comuneros retiraron la valla, amparados en el fallo del Juzgado Mixto de Cajabamba que acogió un habeas corpus y ordenó la erradicación de la barrera. Este fallo, fue finalmente confirmado plenamente por el Tribunal Constitucional el primero de marzo de 2004.

PARCIALIZACIÓN DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Entre el 2003 y 2004, desacatando las medidas judiciales cautelares sobre suspensión del contrato Sulliden Shahuindo - Algamarcas y de cautela posesoria, y sin que Sulliden Shahuindo sea titular minero conforme lo manda la Ley General de Minería, la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), concedió a esa empresa permisos sucesivos para "Evaluaciones Ambientales" de categoría A y B, en las concesiones mineras de las Algamarcas.

FLAGRANTE PARCIALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

Ocultando que el Poder Judicial había tenido que intervenir para terminar con su abusivo cierre de carretera, Sulliden Shahuindo S.A.C., se presentó ante la PNP de Cajamarca aduciendo haber sido víctima de un ataque e invasión contra "su propiedad" por parte de las Algamarcas. La PNP de Cajamarca declarando que era necesario prevenir mayores conflictos y que iban a intervenir con imparcialidad, envió una dotación de veinte efectivos de asalto a San José. La Policía Nacional de Cajamarca, al mando del coronel César Seminario Alegre, en una actitud temeraria, dispuso que un destacamento PNP se ubique en el campamento de la empresa minera de capitales canadienses Sulliden Shahuindo S.A.C., a pesar de conocer que esta empresa mantiene un litigio con las Algamarcas, ignorando la lógica solicitud de la empresa afectada para que el puesto policial se estableciera en un punto neutral, a fin de que protegiera a todos por igual lo cual y no generará un clima de inseguridad y tensión social en la zona.

En los hechos, los efectivos policiales despachaban en la escuelita de San José, pernoctaban en una carpa de Sulliden Shahuindo, y recibían apoyo alimenticio y logístico de dicha empresa. De inmediato comenzaron a actuar abiertamente a su favor y hasta intentaron impedir el transporte de materiales de Algamarca. En la zona, el puesto fue bautizado como "la Comisaría Sulliden" y sintiéndose amparados por dichos efectivos, asalariados de Sulliden Sh., atacaron a trabajadores de Algamarca, como el caso de Javier Aguilar Vera, a quien dejaron al borde de la muerte e incendiaron su galpón.

La protesta de la comunidad hizo finalmente que el comando policial de Cajamarca trasladara el puesto policial sólo cincuenta metros de su anterior ubicación. Con apoyo de Sulliden Shahuindo levantó un galpón de madera, ubicó allí a los efectivos, anunció que los había retirado a un sitio neutral y hasta hizo una ceremonia de inauguración. Esta situación continua y es la causa de clima de inseguridad que persiste en la zona.

Los ilegales trabajos de exploración de Sulliden Shahuindo de junio a agosto del 2004, se realizaron sólo gracias al irregular apoyo que recibe de parte de efectivos de la PNP, tanto del puesto policial de San José, como del ubicado en la localidad de Chuquibamba, incluso contra la orden judicial de no explorar en las concesiones de las Algamarcas. Dentro de este contexto de constante agresión, el cinco de noviembre de 2004, personal de Sulliden Shahuindo S.A.C. apoyado indebidamente por la PNP, instaló una perforadora ilegal, destruyó con disparos, bombas lacrimógenas, varazos, pedradas y fuego el campamento de las Algamarcas en Huangamarca y provocó lesiones graves a trabajadores de esta empresa. El Fiscal de Cajabamba, verificó los daños personales y materiales y recibió la denuncia contra el personal de Sulliden Shahuindo y de la PNP.

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