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PARCIALIZACION DE AUTORIDADES AGRAVA CONFLICTO
MINERO EN CAJABAMBA
Cajabamba, provincia ubicada a cinco horas
al sur de Cajamarca es escenario de un
conflicto entre dos empresas mineras -una peruana,
la otra canadiense- que se disputan la propiedad
y tenencia de varias concesiones mineras, las
mismas que -de acuerdo a documentos que obran
en nuestro poder- pertenecerían legítimamente
al grupo denominado Las Algamarcas.
Las empresas Compañía
Minera Algamarca S.A. y Compañía
de Exploraciones Algamarca S.A., ambas conocidas
como Las Algamarcas
son propietarias de varias concesiones mineras
que comprenden un área total de 7, 982
hectáreas. La titularidad de estas concesiones
está debidamente inscrita ante la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos- SUNARP.
La empresa Minera Sulliden Shahuindo S.A.C,
fue constituida por Sulliden Exploration Inc.
con el exiguo capital de diez mil dólares.
La empresa Sulliden Exploration Inc., es una empresa
"junior" con sede en Québec,
Canadá, que se dedica sólo a la
fase de exploración minera para realizar
operaciones de especulación en la Bolsa
de Valores de Toronto. Para captar dinero,
realiza colocaciones de participaciones en dicha
Bolsa, ofreciendo opciones de la propiedad de
los proyectos mineros que identifica, concesiona
y explora.
El año 2000 Sulliden Exploration
Inc. negoció con las Algamarcas la transferencia
de concesiones mineras y consiguió que
sus juntas de accionistas autorizaran la transacción
a su favor. Pero, sorpresivamente no firmó
el contrato e hizo que lo suscribiese una persona
jurídica distinta, Sulliden Shahuindo S.A.C.,
hecho que no está permitido por la ley.
A fines del año 2002, como
parte de un proyecto de rescate empresarial integral,
la empresa Alta Tecnología e Inversión
Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMSA),
organización con más de cincuenta
años en la actividad minera nacional, completó
la compra de la mayoría de acciones de
las Algamarcas y, a principios del 2003, tomó
su administración encontrándose
con el irregular contrato de transferencia de
concesiones mineras a favor de empresa Minera
Sulliden Shahuindo S.A.C., a pesar que las juntas
de accionistas de éstas empresas habían
aprobado realizar el trato con Sulliden Exploration
Inc. Al conocer las insalvables fallas legales
del contrato entre Sulliden Shahuindo y las Algamarcas
y las graves consecuencias económico-financieras
que se cernían sobre sus intereses, ATIMMSA
acudió al Poder Judicial, con base en la
opinión del doctor Manuel
De la Puente Lavalle, reconocido erudito
peruano en materia de doctrina jurídica
sobre contratos, quien opina que el contrato es
ineficaz.
El Décimo Juzgado Civil
de Lima emitió, en mayo de 2003, una
medida cautelar que ordena la suspensión
temporal de los efectos jurídicos del contrato
Sulliden Shahuindo-Algamarcas. El Juzgado Mixto
de San Marcos, en febrero del año 2004,
emitió una nueva medida cautelar con Resolución
Sobre Cautela Posesoria que ordena a Sulliden
Shahuindo y a sus principales directivos no realizar
trabajos de exploración en las concesiones
mineras del "Proyecto Shahuindo", porque
Minera Algamarca tiene la titularidad certificada
por la Superintendencia de Registros Públicos
y el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro
Minero- INACC; asimismo, que la Dirección
General de Asuntos Ambientales del Ministerio
de Energía y Minas deje sin efecto
todas las autorizaciones concedidas a Sulliden
Shahuindo y se abstenga de emitir nuevos permisos.
El 18 de noviembre de 2004, ante el incumplimiento
de este mandato judicial, mediante Resolucion
Nº 22, el Juzgado Mixto de San Marcos, ha
requerido a la Direccion General de Asuntos Ambientales
del Ministerio de Energía y Minas que cumpla
con lo ordenado, bajo apercibimiento de que su
director será denunciado por el delito
de resistencia a la autoridad.
En enero del 2003, Sulliden Shahuindo
S.A.C., violando nuevamente la ley, ubicó
su campamento principal en parte del local de
la única escuela estatal del caserío
de San José, desde donde sus directivos,
tanto canadienses como nacionales, siguieron desacatando
nuestra legislación y las resoluciones
del Poder Judicial. Desacataron la medida cautelar
que suspende los efectos del contrato de transferencia
de concesiones mineras y para impedir que las
Algamarcas mantuvieran la posesión de sus
propiedades, Sulliden Shahuindo S.A.C. bloqueó
con una tranca de metal, protegida por vigilantes
de la empresa de seguridad Forza, armados con
escopetas, la única carretera pública
que une Cajabamba y Algamarca con San José
y una veintena de poblados. Esta ilícita,
prepotente y abusiva acción o provocó
una seria alteración de la paz y vida cotidiana
de los moradores de la zona y generó una
gran repulsa y animadversión del campesinado
hacia esa empresa. Tras seis meses de abuso, los
comuneros retiraron la valla, amparados en el
fallo del Juzgado Mixto de Cajabamba que acogió
un habeas corpus y ordenó la erradicación
de la barrera. Este fallo, fue finalmente confirmado
plenamente por el Tribunal Constitucional el primero
de marzo de 2004.
PARCIALIZACIÓN
DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Entre el 2003 y 2004, desacatando
las medidas judiciales cautelares sobre suspensión
del contrato Sulliden Shahuindo - Algamarcas y
de cautela posesoria, y sin que Sulliden Shahuindo
sea titular minero conforme lo manda la Ley General
de Minería, la Dirección General
de Asuntos Ambientales (DGAA), concedió
a esa empresa permisos sucesivos para "Evaluaciones
Ambientales" de categoría A y
B, en las concesiones mineras de las Algamarcas.
FLAGRANTE PARCIALIZACION
DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
Ocultando que el Poder Judicial había
tenido que intervenir para terminar con su abusivo
cierre de carretera, Sulliden Shahuindo S.A.C.,
se presentó ante la PNP de Cajamarca aduciendo
haber sido víctima de un ataque e invasión
contra "su propiedad" por parte de las
Algamarcas. La PNP de Cajamarca declarando que
era necesario prevenir mayores conflictos y que
iban a intervenir con imparcialidad, envió
una dotación de veinte efectivos de asalto
a San José. La Policía Nacional
de Cajamarca, al mando del coronel César
Seminario Alegre, en una actitud temeraria,
dispuso que un destacamento PNP se ubique en el
campamento de la empresa minera de capitales canadienses
Sulliden Shahuindo S.A.C., a pesar de conocer
que esta empresa mantiene un litigio con las Algamarcas,
ignorando la lógica solicitud de la empresa
afectada para que el puesto policial se estableciera
en un punto neutral, a fin de que protegiera a
todos por igual lo cual y no generará un
clima de inseguridad y tensión social en
la zona.
En los hechos, los efectivos policiales
despachaban en la escuelita de San José,
pernoctaban en una carpa de Sulliden Shahuindo,
y recibían apoyo alimenticio y logístico
de dicha empresa. De inmediato comenzaron a actuar
abiertamente a su favor y hasta intentaron impedir
el transporte de materiales de Algamarca. En la
zona, el puesto fue bautizado como "la
Comisaría Sulliden" y sintiéndose
amparados por dichos efectivos, asalariados de
Sulliden Sh., atacaron a trabajadores de Algamarca,
como el caso de Javier Aguilar Vera, a quien dejaron
al borde de la muerte e incendiaron su galpón.
La protesta de la comunidad hizo finalmente
que el comando policial de Cajamarca trasladara
el puesto policial sólo cincuenta metros
de su anterior ubicación. Con apoyo de
Sulliden Shahuindo levantó un galpón
de madera, ubicó allí a los efectivos,
anunció que los había retirado a
un sitio neutral y hasta hizo una ceremonia de
inauguración. Esta situación continua
y es la causa de clima de inseguridad que persiste
en la zona.
Los ilegales trabajos de exploración
de Sulliden Shahuindo de junio a agosto del 2004,
se realizaron sólo gracias al irregular
apoyo que recibe de parte de efectivos de la PNP,
tanto del puesto policial de San José,
como del ubicado en la localidad de Chuquibamba,
incluso contra la orden judicial de no explorar
en las concesiones de las Algamarcas. Dentro de
este contexto de constante agresión, el
cinco de noviembre de 2004, personal de Sulliden
Shahuindo S.A.C. apoyado indebidamente por la
PNP, instaló una perforadora ilegal, destruyó
con disparos, bombas lacrimógenas, varazos,
pedradas y fuego el campamento de las Algamarcas
en Huangamarca y provocó lesiones graves
a trabajadores de esta empresa. El Fiscal de Cajabamba,
verificó los daños personales y
materiales y recibió la denuncia contra
el personal de Sulliden Shahuindo y de la PNP.
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